El día 6 de enero se decidirá el destino de siete estados con votos electorales en pugna. Hay un par de opciones reales que pueden, teóricamente, darle vuelta al probable resultado establecido por el gigantesco fraude. El primero de estos escenarios es la impugnación de los votos oficiales. Se requiere de un senador y de un congresista para retar las certificaciones estatales. Hecho esto, entonces se realizaría una reunión en pleno para decidir qué votos escoger. No hay que ser adivino para intuir desde ahora qué sucederá en ese debate entre los legisladores. Biden será certificado por tirios y troyanos.
La segunda opción contempla apelar a la enmienda 12 de la constitución, que le otorga al vice Pence la protestad de abrir los votos. ¿Qué significa algo así? La mención en la enmienda es vaga y difusa. Algunos especialistas en el tema aseguran que la letra impresa constitucional podría interpretarse como que el vicepresidente Pence tienen la protestad de elegir cuáles votos se pueden escoger, o los oficialistas o los retadores.
Esta enmienda 12 saca del juego tanto al senado como al congreso. Sin embargo, es una interpretación sujeta a debate. Pence probablemente no va a arriesgarse (aunque debiera) a concretar una certificación que podría generar desde asesinatos políticos hasta una guerra civil. Pero aún en el caso de que el vicepresidente se atreviera a tanto, el establishment y las instituciones, amigos míos, no acatarán su decisión, aunque para ello se tenga que sacar del camino a quien se tenga que sacar.
Señores, prepárense para lo peor. La “democracia” norteamericana está muerta desde la madrugada del 4 de noviembre.
Los Hombres Sabios 
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